¿Por qué abrir la caja de Pandora?
Plantear una reforma de la Constitución española es poco menos que generar mil y un debates sobre la democracia en España. El referéndum de 1978, con el cual se aprobó la actual constitución, fue un punto y aparte en una encrucijada importante para la vida política de un país que aspiraba acercarse a Europa, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y asumir un proceso de transición a la democracia bajo la vigilancia de una Monarquía Parlamentaria. Considerar que la única vía para controlar el déficit sea la reforma constitucional es probablemente un reflejo de la necesidad de una renovación de propuestas desde los partidos políticos; no necesariamente es un tema generacional.
La pregunta es válida y pertinente: ¿era la reforma constitucional la única estrategia para garantizar la estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas? ¿Estabilidad quiere decir necesariamente control? Sin embargo, no se puede negar que el debate ha sido intenso pero un mayor consenso entre los partidos políticos hubiera sido conveniente para asumir una decisión más representativa. El acuerdo entre el PP y el PSOE ha permitido la reforma; situación insólita por las dificultades de consensuar ideas en otros temas. Al resto de los partidos políticos, representantes también de los ciudadanos, solamente han sido testigos de quienes, en nombre de la representatividad, asumen decisiones que afectan a toda la sociedad española.
La mayoría de las opiniones coinciden en la urgencia de impulsar la economía del país. Pero, las críticas a la reforma constitucional tienen argumentos válidos. En primer lugar porque surge por el acuerdo únicamente del PSOE y del PP, dejando a un lado al resto de los partidos políticos minoritarios. El segundo aspecto, la rapidez de la reforma y en la cual no ha existido un debate ciudadano y parlamentario profundo o crítico sobre las repercusiones del control del déficit vía reforma constitucional en contraposición a otras alternativas como una Ley Orgánica. La democracia representativa ejercida en el Congreso y en el Senado se basa en el análisis, reflexión, consulta, debate y votación; un proceso donde la ciudadanía requiere asumir una debate activo. Finalmente, porque existe la percepción de que la medida tiene el objetivo de complacer a los sectores económicos y al mercado; las indicaciones provenientes desde las autoridades europeas condicionan el futuro económico del país. Ahora bien, ¿y la opinión de los ciudadanos?
La democracia se ejerce a partir del debate público. ¿Por qué hay temas en los cuáles es importante la opinión de los ciudadanos y en otros la representatividad de los diputados es suficiente? ¿No hay otros artículos en la constitución que requieren también de una reforma? ¿Cuáles son los límites de los diputados para ejercer la representatividad de sus ciudadanos? ¿Cuál será el contenido de la reforma? Si no les conviene a los españoles ¿cómo se podrá solicitar nuevamente la reforma constitucional? ¿Es una reforma que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o de quienes requieren la garantía para mantener los intereses de los mercados europeos e internacionales? El tiempo permitirá conocer las consecuencias. Por lo pronto, es conveniente conocer el nuevo contenido del artículo 135 de la Constitución.
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